Sus beneficios se han disparado desde la pandemia, pero cada vez pagan menos. La realidad de muchos/as de nuestros/as compañeros/as en el día a día es ésta: sesiones de fisioterapia a un coste irrisorio y sin actualizar desde hace más de 20 años. El problema es endémico en todos los ramos de las aseguradoras, que se agarran a la libre competencia para ajustar los precios. El problema es que en este caso no estamos hablando de la reparación de un fregadero o un golpe en el coche, sino de la salud de las personas.
El CGCFE lleva años tras el problema, a pesar de las limitaciones que ejerce el TDC sobre la orientación de tarifas las instituciones de la fisioterapia conocen a fondo la casuística. Hace más de un año el CGCFE movió ficha asociándose a la potente ATA con el objetivo, entre otros, de buscar una solución al sistema.
Esta semana, la AEF ha hecho público un comunicado en el que se adhiere a una queja presentada en el Parlamento Europeo sobre las prácticas abusivas de las compañías de seguros sanitarios en España y anima a todos los fisioterapeutas que hagan lo mismo de manera individual (ver enlace abajo). La adhesión busca evitar que las compañías de seguros impongan unilateralmente condiciones contractuales a los profesionales sanitarios independientes y, en consecuencia, a la vulneración del derecho de los pacientes a elegir libremente a sus fisioterapeutas, además de suponer una amenaza para una prestación sanitaria de calidad.
El pasado 22 de junio de 2021 la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la queja presentada por el socio-director del despacho de abogados Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas en nombre de la Asociación Unión Médica Profesional (UNIPROMEL) contra el actual modelo de actuación de las aseguradoras sanitarias. En esta petición se denuncia que las compañías aseguradoras imponen sus honorarios, entre otras condiciones y restricciones, a los profesionales sanitarios privados mediante la determinación unilateral de una escala de tarifas, sin consultar ni negociar con los profesionales. Esta práctica vulnera el art. 17.3 de la directiva 2016/97, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, que establece que los distribuidores de seguros no pueden establecer criterios de remuneración que afecten al mejor interés de sus clientes.
En la queja presentada ante el Parlamento Europeo se hace mención a la sentencia C-531/06 del Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo en el que se apela a la "independencia profesional real" de los sanitarios.
Puedes adherirte a la causa desde ESTE ENLACE.
