* El origen de la "campaña" son unos fondos de digitalización, con los que se pretende contratar a profesionales del ámbito educativo para, supuestamente, tratar lesionados.
* La ejecución y organización incumple algunos de los principios básicos de transparencia, en un momento delicado por las sospechas de la UE del mal uso de los fondos de resiliencia por parte del Gobierno español.
Madrid, 26 de mayo de 2023: El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas ha publicado y divulgado en el día de ayer una NOTA DE PRENSA en la que advierte del peligro para la salud, amén del intrusismo profesional, de la pretensión de derivar a pacientes con patología desde los centros de Atención Primaria a los gimnasios convencionales.
Con la “Resolución de 4 de julio de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte, de 9 de mayo de 2022, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, de manera resumida, se implantan programas de prescripción de ejercicio físico que se llevan a cabo mediante la derivación, desde el personal de medicina y enfermería de Atención Primaria, a lo que ahora se llamarán Unidades Activas de Ejercicio Físico dirigidas por profesionales de la educación físico deportiva implantadas en los centros deportivos.
Por si fuera poco, el problema no atañe sólo a los fisioterapeutas, ya que es extensible a todas las profesiones sanitarias, es por ello que el pasado 21 de noviembre los Consejos Generales de las Profesiones Sanitarias firmaron un manifiesto, donde se exigía que se excluyera de este plan a las personas con patologías, ya que han de ser tratadas por personal sanitario y no por educadores físico-deportivos.
No hace falta recordar, sobre todo por los importantes antecedentes jurídicos administratvos y penales, que los fisioterapeutas, desde hace más de 50 años, tienen la competencia legal de realizar ejercicio terapéutico sobre los pacientes, están formados y capacitados para prescribir, diseñar, implementar, ejecutar y dirigir los programas de ejercicio que necesita un paciente, cara a mejorar o sanar su patología. Dentro de su práctica profesional, el ejercicio terapéutico es una de las terapias que más frecuentemente utiliza para el tratamiento de sus pacientes.
Pero, casualmente, los fisioterapeutas no forman parte de este programa, ni como los prescriptores que son de ejercicio terapéutico ni como los receptores de la derivación de los otros profesionales sanitarios para la implementación del programa de ejercicio terapéutico.
La ejecución del programa en las actuales condiciones, supone un problema económico al invertir fondos europeos en crear una nueva estructura parasanitaria que reproduce un acto cotidiano dentro de la Atención Primaria, la derivación de pacientes al Fisioterapeuta. En lugar de despilfarrar los recursos europeos, aprovechémoslo para dotar de más medios a la Atención Primaria, base fundamental del sistema sanitario público, política que ha llenado la boca de muchos de los políticos de primera línea durante la campaña electoral.
Igualmente se genera un problema jurídico, con la maldad de llamar a este acto "prescripción" prescriban la derivación de pacientes a educadores físico-deportivos está promoviendo que un profesional ¿es ésta una forma de eximirse quien no es sanitario de las posibles consecuencias en caso de lesión o improcedencia del tratamiento final? Lo que está claro es que ningún seguro de responsabilidad civil cubre actos no propios de una profesión, como es el caso de personas enfermas siendo tratados por profesionales no sanitarios.
Una trilería de libro: un programa europeo enfocado en crear una herramienta digital se haya convertido en un programa de formación, de creación de unidades activas de ejercicio físico y de contratación de profesionales a cargo de ellas en el que, casualmente, están implicados económicamente algunos de sus promotores.
Ya en el 2017 el Ministerio de Sanidad y Política Social dejó claro que los profesionales del ámbito educativo no pueden realizar tratamientos de personas enfermas o con patología. Salvando a dicha institución, la única con competencias en sanidad, se usa el Consejo Superior de Deportes, sin ninguna competencia sanitaria, siendo el principal promotor de dicha iniciativa una persona imputada y que ya presentó su dimisión.
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